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| Casi 80% de los autónomos se vieron forzados a trabajar como tales por las condiciones económicas de la industria y del país. (Haz clic para agrandar el gráfico). |
En la presentación del Informe Anual de la Profesión Periodística 2017, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Victoria Prego, expresó una alarma sobre la pérdida de los servicios jurídicos de los que periodistas podían hacer uso antes cuando pertenecían a las plantillas de los medios grandes.
Según la presidenta de la APM, "ese suelo de seguridad ha desaparecido y a la incertidumbre de su precaria condición laboral tiene que sumar la rigurosa soledad a la que se enfrenta a la hora de tener que asumir su responsabilidad civil ante una condena judicial" (p. 6).
No es complicado deducir de esas palabras y de la información que se ofrece en el estudio que, pese al coraje y el compromiso que pueda mostrar cualquier periodista autónomo, la falta de protección jurídica acabará afectando a los temas abordados y a las personas que se investiguen al tomar las decisiones editoriales. En otras palabras, la falta de protección podría afectar la calidad del periodismo.
